por Diego Espinoza, Ingeniero Universidad de Chile
La modernización de los sistemas de transporte público en regiones suele asociarse a imágenes concretas y visibles: nuevos buses, tecnologías más limpias y sistemas de pago electrónicos. Sin embargo, transformar un sistema de transporte es una tarea mucho más compleja. Los cambios tecnológicos son importantes, pero por sí solos no resuelven los desafíos estructurales que enfrentan las ciudades. La verdadera modernización requiere una visión estratégica capaz de abordar simultáneamente aspectos operacionales, contractuales, financieros, tecnológicos e institucionales.
Los avances de los últimos años son significativos. Diversas ciudades han renovado parte de sus flotas incorporando tecnologías de cero emisiones, mientras que los sistemas de recaudo electrónico se han expandido progresivamente. Hoy, regiones como Ñuble, O’Higgins, Araucanía, Magallanes y Antofagasta cuentan con sistemas de ticketing, mientras que en los próximos meses se deberían sumar Biobío y las regiones de Los Lagos, Los Ríos y Valparaíso.
Estos sistemas permiten mejorar la experiencia de viaje. Particularmente los sistemas de recaudo aumentan los niveles de seguridad, han incorporado nuevos medios de acceso como QR y tarjetas bancarias, entre otros aspectos. Sin embargo, estas herramientas son un medio que permite abordar problemas mucho más basales y estructurales que impactan en la calidad del servicio a los usuarios. Los roces entre conductores y pasajeros asociados al cobro, los recorridos incompletos, las frecuencias insuficientes o la escasa cobertura en horarios y sectores de baja demanda, son desafíos que podrían mitigarse estableciendo nuevas estructuras de pago, posible con la incorporación de recaudo, la que posibilita alinear los incentivos de las empresas con los objetivos del Estado y promoviendo una mejor calidad de servicio para las personas.
Los desafíos tampoco terminan allí. Las ciudades intermedias y menores enfrentan condiciones distintas a las de las grandes áreas metropolitanas. Menores densidades de demanda, presupuestos más acotados y realidades heterogéneas a todo nivel, obligan a diseñar soluciones adaptadas al contexto. Esto hace particularmente relevante la discusión de cómo integrar los distintos modos de transporte con realidades contractuales, operacionales y tecnológicas muy distintas. Resolver esta fragmentación no es únicamente un desafío económico o tecnológico; es, sobre todo, un desafío estratégico.
Por último, la forma en que se seleccionan los operadores y servicios influye directamente en los resultados que obtienen las ciudades. Por ello, los procesos licitatorios deben ser dinámicos. Evaluar resultados, aprender de los procesos anteriores y ajustar y calibrar permanentemente los criterios de evaluación, es una condición indispensable para alcanzar mejores resultados en el largo plazo. En este contexto, la investigación, los estudios y la colaboración con la academia cumplen un rol fundamental. La evidencia permite comprender mejor los fenómenos que afectan al transporte público y diseñar soluciones más efectivas para contextos cada vez más diversos y complejos.
Para esto, alcanzar un equilibrio entre calidad de servicio y sostenibilidad financiera será una de las claves del futuro. La modernización del transporte público regional no depende de una sola institución ni de una única herramienta. Es una tarea colectiva que exige la colaboración entre organismos públicos, operadores, gobiernos regionales, academia y ciudadanía. Solo a través de esa visión compartida, será posible consolidar sistemas de transporte más eficientes, sostenibles y centrados en las necesidades de las personas.
