por Rodrigo Contreras Ferrer. Asesor – Consultor Independiente – Socio Sochitran
Los sistemas de transporte, en sus dimensiones de planificación, regulación y financiamiento, son un ámbito de acción pública en el que se enfrentan la búsqueda de objetividad del análisis técnico y la naturaleza interpretativa y valorativa de la política. Esta columna intentará identificar algunos aspectos puntuales en los que el análisis de sistemas de transporte, entendidos como proveedores de evidencia, pueden avanzar para aportar de mejor manera a la toma de decisiones.
En nuestro país, se reconoce un núcleo generador de conocimiento globalmente relevante en el análisis de sistemas de transporte, y, quizá influido por lo anterior, una tradición en la que los procesos de planificación y la ejecución de grandes intervenciones de infraestructura en el sector han sido acompañadas de análisis técnicos especializados, particularmente en la evaluación social de los proyectos.
El uso del enfoque tradicional de modelación de transporte para la planificación tiene como premisa que puede calcularse un equilibrio entre la demanda de transporte y las redes a las que puede asignarse, el que es simulado para el período punta y otro representante del resto de un día típico, y cuya expansión anual de ahorros de tiempo (entre un par de situaciones pronosticadas, sin y con proyecto) alimenta los análisis costo-beneficio.
Como cualquier artefacto técnico, el enfoque de modelación orientado a la evaluación social de proyectos de inversión encarna algunas decisiones políticas previas: se define qué formas de desplazamiento y qué tipo de intervenciones merecen prioridad (presupuestaria y analítica), así como cuáles serán las métricas relevantes para definir el desempeño del sistema[1]. El resultado de lo que puede interpretarse como el “desmesurado éxito” de este enfoque, en las ciudades chilenas, es una subrepresentación de la importancia de la movilidad no pendular (relativamente más femenina), peatonal, en ciclos, y de carga, así como el énfasis en los ahorros de tiempo como principal fuente de beneficios.
La creciente relevancia de aspectos como equidad, cambio climático, o exclusión social desafían la forma tradicional de los análisis. La guía metodológica para la elaboración de Planes Maestros de Transporte Urbano Metropolitano (SUBDERE – SECTRA, 2025) refleja esta tensión. En el instrumento se reconoce explícitamente la importancia que tienen en las ciudades las acciones dirigidas a los peatones, a los ciclistas, al transporte de carga, o los cambios normativos. Estas acciones impactan dimensiones distintas a los ahorros de tiempo, como salud, seguridad vial, o medioambiente; se producen fuera de los períodos punta, o afectan viajes cortos como las caminatas cotidianas. Aparecen de este modo preguntas para las que el enfoque tradicional tiene peores respuestas (o no las tiene). La guía PMTUM reconoce esto y excluye a estos proyectos del análisis costo-beneficio, pero ¿por qué prescindir en la planificación del uso de una herramienta simplificada de análisis que permita, por ejemplo, comparar entre distintos esquemas de peatonalización y fomento de transporte activo en el centro de una pequeña ciudad? ¿Cómo medir si tuvo éxito? Visibilizar lo que anteriormente no se detectaba apoya a la toma de decisiones, permitiendo explorar mejoras a otros tipos de usuarios.
La guía PMTUM también remarca la importancia del monitoreo del conjunto de intervenciones y de sus efectos, apuntando a un conjunto de indicadores para medir la “evolución del sistema”, mostrando una carencia en nuestra práctica: no tenemos un instrumento de caracterización frecuente de la movilidad en nuestras ciudades. Este instrumento, al estar exento de la representatividad estadística de la estructura origen-destino (necesidad que se puede asumir cubierta a partir de otras fuentes, como telefonía o datos de recaudo), podría aproximar, con tamaños muestrales razonables, algunos parámetros característicos de nuestras ciudades y sus habitantes, detectar brechas, monitorear tendencias y sus eventuales quiebres (en particular en los usuarios menos representados en otras fuentes), apoyando la toma de decisiones a través de diagnósticos pertinentes.
También el uso de los análisis tradicionales puede adaptarse para construir un insumo de mejor calidad para la toma de decisiones: distinguir efectos entre categorías de usuario permite profundizar en la dimensión distributiva de los análisis (de accesibilidad potencial, por ejemplo); puede empujarse el avance desde el enfoque determinístico a uno probabilístico en la evaluación de proyectos (modelar, paralelamente al escenario normal, la ocurrencia de un escenario con disrupción permite identificar beneficios de proyectos que aumenten la resiliencia de las redes, por ejemplo); o se pueden simular escenarios alternativos de desarrollo urbano alterando supuestos distintos al crecimiento del producto, para representar distintas políticas urbanas. Las simulaciones repetidas también podrían alimentar barridos tarifarios para evaluación social de proyectos tarificados, lo que actualmente no se exige, pudiendo evaluarse socialmente un proyecto con una tarifa distinta a la usada en el cálculo de su VAN social.
Lo que un modelo termina expresando es fruto de los supuestos con que se construyó, los que, como se dijo en un principio, representan valores y decisiones políticas. Por esta precisa razón, es importante explicitarlos. Un resultado que explicita sus supuestos toma la forma “si ocurre A (por ejemplo, integración tarifaria, reorganización de servicios actuales en alimentadores, construcción completa del megaproyecto habitacional), se espera B (por ejemplo, demanda del proyecto)”. Expresado de esta forma, es claro que un eventual desvío del pronóstico no necesariamente obedece a un error técnico. La transparencia en la comunicación de los supuestos es importante para que la sociedad mantenga la confianza en la base compartida de hechos que ofrece la ciencia.
Finalmente, y en un plano más general, puede afirmarse que los grupos técnicos, como portadores de piezas de evidencia, tienen también el rol de enriquecer el juicio público, buscando ampliar lo que la sociedad puede discutir fundadamente. Por lo mismo, deben también comunicar cuando las decisiones públicas parecen contradecir la evidencia técnica.
[1] Incluso el planteamiento de la pregunta (“el nombre del estudio”) ya limita el espacio de soluciones antes de levantar el primer dato.
